Alianza por la Solidaridad (ApS)

Organización de la sociedad civil, que canaliza el esfuerzo y el apoyo de más de 40.000 personas entre socios/as, voluntarios/as, simpatizantes y trabajadores/as, para luchar contra las desigualdades y contribuir a proteger los Derechos Humanos en América Latina, África, Oriente Medio y Europa.

Alianza por la Solidaridad trabaja en Bolivia desde hace más de veinte años, principalmente en el departamento de La Paz y Cochabamba. Colaboran con la organización Bartolina Sisa, una confederación de mujeres sindical campesina que aglutina a miles de mujeres en el país. Su trabajo se centra en la eliminación de la violencia, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y desde los últimos 5 años, aborda los derechos económicos de las mujeres.

María Salvador López, Coordinadora de los Derechos de las Mujeres en Alianza por la Solidaridad, cuenta cómo los proyectos de cooperación internacional inician su fase de diseño tras un diagnóstico en el que se identifica, junto a su organización socia en Bolivia, una serie de necesidades que abordar. A continuación, se formula la propuesta, se presenta a una convocatoria pública, como por ejemplo la convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, tras su aprobación, comienza la ejecución. Este proceso, desde la identificación en Bolivia hasta el inicio de la intervención, puede tardar hasta un año. Tras la aprobación, la alianza formada por el gobierno regional, la ONGD en España, su sede en Bolivia y la contraparte local, trabajan para garantizar que los fondos se destinan adecuadamente, que se vayan cumpliendo los objetivos planteados y que haya un fortalecimiento y apropiación por parte de las autoridades de la zona para dar continuidad al trabajo iniciado.

De esta manera, con el apoyo de la cooperación castellanomanchega, Alianza por la Solidaridad y su contraparte, empezaron a trabajar en zonas rurales con un limitado acceso a servicios públicos como, por ejemplo, un acceso adecuado al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM). Este servicio, enmarcado en la Ley 348[1], es el encargado de atender a mujeres víctimas de violencia a nivel psicológico, legal y social para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en Bolivia.

Como cuenta Magalí Chávez Vega, Coordinadora de Alianza por la Solidaridad en Bolivia, con el diagnóstico realizado en la zona, se evidenció la relación que existe entre los derechos económicos de las mujeres rurales y la promoción de una vida libre de violencia. De esta manera, la intervención diseñada se centra en apoyar el fortalecimiento organizativo de asociaciones de mujeres, promover sus derechos económicos y fortalecer las capacidades de instituciones públicas. Instan a las instituciones a que reconozcan y aborden la problemática de la violencia de género y mejoren la atención a las mujeres víctimas de violencia.

En el marco del proyecto se han realizado una serie de capacitaciones técnicas y productivas a 110 mujeres en Suriki, una isla del Lago Titicaca, y Canapata. Las capacitaciones técnicas incluyen de manera transversal el conocimiento de la Ley 348, cómo identificar situaciones de violencia en sus comunidades, realizar un acompañamiento a las víctimas y exigir su derecho a ser atendidas, entre otras cosas, en su lengua materna (quechua o aymara).

Inicialmente las mujeres estaban interesadas en realizar una capacitación en producción de polleras (faldas típicas), redes de pesca o artesanía local, por la posibilidad de generar un recurso económico para la familia. Sin embargo, la formación en igualdad de género y el derecho a una vida libre de violencia, ha aumentado su capacidad para identificar situaciones de injusticia y violencia, su implicación en el acompañamiento a mujeres víctimas y un alto compromiso por trasladar estas cuestiones a sus propias comunidades. Por eso, Maclovia García, una de las facilitadoras en el proyecto, destaca el papel de “Las replicadoras”, mujeres que actúan como promotoras de género y que se comprometen a trasmitir todo el conocimiento adquirido, tanto en relación a las técnicas de producción como a aquellas cuestiones relacionadas con la violencia de género. Mujeres que se convierten en lideresas de sus comunidades, como Lourdes Vallejo y Erika Cacasaca, que cuentan en su entrevista cómo gracias a las capacitaciones conocen, exigen y trasmiten sus derechos y la ley que las protege.

Este trabajo en Bolivia tiene un pie en nuestra región, ya que para Alianza por la Solidaridad es importante trasladar este trabajo y visibilizar que la violencia de género es una problemática global. Por eso, a través de la exposición “Aliadas” se generan espacios de reflexión sobre los derechos de las mujeres en varios países. En el caso concreto de Bolivia, se traslada la historia de una mujer que sufrió violencia por ser una mujer concejala, por ser lideresa. Una violencia en la que se reflejan otras mujeres rurales en nuestra región que identifican la falta de acceso a servicios públicos como una barrera en la lucha contra la violencia.

Esta historia nos da pistas de toda la red de alianzas que se generan en un proyecto de Cooperación Internacional para el Desarrollo y las diferentes fases que comprende, desde el diagnóstico para identificar una propuesta orientada a promover una vida libre de violencia, hasta los resultados e impacto que se produce empoderando a las mujeres.  

María Salvador López, Coordinadora de los Derechos de las Mujeres en Alianza por la Solidaridad

“[El proyecto] está permitiendo visibilizar determinadas situaciones de violencia que estaban naturalizadas y eran tan visibles” (María Salvador López)

Magalí Chávez Vega, Coordinadora de programas Alianza por la Solidaridad en Bolivia.

“La importancia de la figura de la promotora es fundamental y su misión es la de orientar a otras mujeres que han sufrido violencia de género o que están saliendo o en riesgo para poner límites, solicitar medidas de protección y desarrollar talleres informativos en sus comunidades y llegar a los demás” (Magalí Chávez Vega)

Maclovia García, Lourdes Vallejo y Erika Cacasaca, facilitadora y participantes en el proyecto

“Hemos aprendido que tenemos derechos y que nos podemos defender. Por ejemplo, antes en las reuniones sólo hablaban los hombres y ahora nosotras pedimos el turno de palabra” (Lourdes Vallejo)

[1] Ley integral para garantizar a las mujeres una Vida libre de Violencia (Ley 348 de 9 de marzo de 2013) de Bolivia, cuyo objeto es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.